Contexto y coyuntura en el Estado español
es un texto del miembro de la RED VASCA ROJA Iñaki Gil de San Vicente fechado el 19 de noviembre de 2001.
CONTEXTO Y COYUNTURA
EN EL ESTADO ESPAÑOL
Índice:
1.- SIGNIFICADO DE UN DEBATE INSIGNIFICANTE:
Podemos decir que el clima y expectación creados por lo que se anuncia como un posible debate sobre el "patriotismo constitucional" entre el PSOE y el PP, es el anuncio de algunas pequeñas disputas futuras, si llega a haberlas, pero a la vez también un reflejo y síntesis de todos los problemas estructurales que afectan al Estado español y que, en el actual contexto mundial, europeo y propiamente español, se agudizan a tope. Debate inicialmente abierto con anterioridad, desde febrero del 2001, cuando algún ministro del PP citó por primera vez el "patriotismo constitucional" en un acto público, y oficializado internacionalmente por el rey que Franco nombró en su discurso del 25 del octubre pasado en Utrech, en el que calificaba a la derrota de los Habsburgo en 1713, e inclusive la pérdida de Gibraltar, como fecha del inicio de un ciclo histórico de crisis y convulsiones en la "identidad nacional española" que debe acabar en la actualidad con el "nuevo patriotismo" constitucional, cohesionador de la "nueva unidad de España". Debate ya oficializado en el Estado el 29 de octubre cuando Aznar ordenó crear una ponencia al respecto dirigida por sendos representantes del PP en Catalunya --Piqué-- y en Vascongadas --María San Gil--. A la vez, Mayor Oreja ha lanzado la tesis del "deber de los vascos para con España", es decir, las obligaciones materiales, sociales, culturales, políticas y éticas, que los vascos, según el PP, tenemos hacia España en agradecimiento a todo lo que ésta se ha desvelado y sacrificado por nosotros. Para ello, el PP y el PSOE deben acabar con la "comodidad" (sic) de que disfrutan no sólo la izquierda abertzale sino también los autonomistas del actual gobiernillo de Gasteiz.
No es casualidad el que este aparente debate empiece tenuemente ahora, cuando el PP comprende que tardará mucho en encontrar un sucesor seguro a Aznar para las próximas elecciones; ahora que, de nuevo y como a finales de los setenta, el capitalismo estatal vuelve a confirmar sus impotencias estructurales y su atraso histórico con el capitalismo europeo; ahora que la Unión Europea entra definitivamente en la fase cualitativa de su constitución; ahora que, en el interior del Estado, pilares básicos del nacionalismo más vetusto y feroz están siendo zarandeados por las transformaciones externas e internas; ahora, que el PSOE ha elaborado su documento de reforma del Senado --"Impulso Autonómico y Fortalecimiento del Estado de las Autonomías"-- sin tocar en absoluto nada substancial de la "unidad española", y vaciando el globo del "federalismo asimétrico", que el propio Maragall se ha encargado en realizar. Aún y todo así, los problemas internos de las "baronías regionales" del PSOE siguen en pie, pues el documento citado ha sido puesto a disposición de esos poderes internos. Recordemos que uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentó Felipe González y su camarilla en la segunda mitad de los setenta fue la de acabar con esa idea dentro del PSOE e imponer la disciplina madrileña. No podemos hacer un seguimiento de cómo este regionalismo ha malvivido en las catacumbas del partido pero, significativamente, ha mantenido alguna presencia práctica mediante el poder regional y hasta autonomista de las diversas baronías que recobraron su fuerza con la crisis post-felipista y ante las que la camarilla de Zapatero está teniendo dificultades en disciplinar.
Desde esta perspectiva comprendemos mejor que a finales de 1991 algunos intelectuales del PSOE leyeran con mucha atención el texto de Jürgen Habermas sobre el tema, una adecuación a otro suyo de 1989 en el que actualizaba la inicial tesis de Dolf Sternberg lanzada en la Alemania occidental de 1979. En enero de 1992 Laborda, presidente del Senado, proponía la idea al debate político oficial buscando alguna solución al caos e impotencia de esa institución para resolver el desbarajuste creciente del llamado "Estado de las autonomías" que debía tener en el Senado su cámara de "representación". El PP, que ya era entonces el representante oficial de la alta burguesía española consciente del agotamiento del PSOE, las propias corrupciones y crisis de este partido y la evolución socioeconómica general, éstos y otros factores, presionaron para frenar la reflexión propuesta por Laborda pero, dentro de la intelectualidad y de algunas baronías regionales del PSOE, la idea fue germinando subterráneamente y empezó a despuntar al exterior tras la derrota electoral de comienzos de 1996, como posible alternativa de "modelo nacional español" al que estaba aplicando el PP. Y para 1998 era defendida explícitamente por intelectuales del Foro de Ermua, como J. M. Portillo en un texto colectivo sobre la decisiva importancia de la educación, de la enseñanza y de la reelaboración de la historia como métodos para erradicar la "diversidad desagregada" (sic) del nacionalismo vasco mediante una "diversidad integrada en un universo multicultural".
Comprendemos así que este debate, por un lado, no resuelve nada estratégico ni nuevo en la sangrienta historia del nacionalismo español, y por otro lado, busca dar una nueva excusa ideológica al capitalismo español en estos momentos contextuales para soldar una nueva férrea disciplina interna que garantice el esfuerzo descomunal que se está imponiendo a las clases y naciones oprimidas por el Estado, y a sus mujeres, para cumplir el triple objetivo del bloque de clases dirigentes -- alma y cerebro de España-- en la actualidad: reafirmar la "unidad nacional española" dando el salto de un nacionalismo típico de finales del siglo XIX y mediados del XX a un imperialismo interno acorde con las necesidades del siglo XXI; que España no quede condenada a la periferia europea, obsesión del PSOE y ya miedo pánico del PP por sus efectos nefastos para el beneficio burgués durante todo un ciclo de acumulación capitalista, y que, además, pueda mantenerse como un subimperialismo sobre todo en Latinoamérica y Marruecos. Aunque los tres objetivos básicos y otros secundarios que no podemos exponer, son relativamente autónomos en su evolución, no es menos cierto que mantienen una dialéctica interna decisiva.
2.- DEBILIDADES HISTÓRICAS Y RETROCESO INTERNACIONAL:
El bloque de clases dominante en el Estado comprendió la excepcional transcendencia de la agudización de estas contradicciones históricas mucho antes de que estallase la crisis económica actual, e incluso antes de que se advirtieran sus primeros e inquietantes síntomas en 1999, sin hacer ahora mayores precisiones. De hecho, el esfuerzo del PSOE por asentar la tesis del "patriotismo constitucional" según envejecía la década de los noventa buscaba precisamente eso, y además en una cada vez más débil fase de expansión económica que, aún y todo así, pese a ese crecimiento anterior, no había impedido que entre finales de 1999 y comienzos del 2000, el 53,6% de las familias del Estado reconocieran pasar dificultades para llegar al final del mes, y sólo un tercio de su población podía dedicar algún dinero al ahorro, según la encuesta sobre Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, conocida a finales de marzo del 2000. En condiciones de pobreza absoluta y relativa como éstas, eran claras las ventajas que el poder obtendría modernizando la ideología patriotera e interclasista del nacionalismo español, adaptándola a las nuevas exigencias. Según empeoraba la situación socioeconómica dicha necesidad y dicha ventaja todavía aparecían más claras. El 3 de abril de ese mismo año el Banco de España reconocía la tendencia al descenso de la tasa de beneficios empresariales que si en 1998 había sido del 5,1% había caído al 3,9% en 1999. Ese mismo mes abundaron las advertencias sobre el agotamiento de la competitividad económica y conforme transcurrían los días se sucedían los estudios sobre las razones de fondo, estructurales, de la desaceleración económica. Una de ellas era --es-- el secular atraso tecnológico del capitalismo español, y así el 21 de mayo se supo que España había retrocedido hasta el undécimo puesto tecnológico dentro de la UE, y que incluso le superaban Brasil y Sudáfrica, por citar algunos países del "tercer mundo". Otra de ellas era --es-- el descontrol del IPC, problema tan grave que el prestigioso diario económico Cinco Días editorializaba el 13 de mayo del 2000 con este título: "El IPC nos separa de Europa".
Pero, siempre dentro de la prensa oficial, una de las críticas más rigurosas apareció el 24 de agosto del 2000 también en Cinco Días, realizada por Antonio Gutiérrez Vegara y que no nos resistimos a reproducir parcialmente: "Invertir una pequeña parte de los elevados beneficios obtenidos, evitando el riesgo en actividades intensivas en capital y tecnología, es una tendencia muy arraigada en el capitalismo español que siempre ha condicionado negativamente la productividad del trabajo. Unas veces provocando su crecimiento pasivo, por ejemplo en periodos de ajuste del aparato productivo o de reestructuración industrial, mediante la destrucción masiva de empleo, y otras, generando una especie de productividad ineficiente con la proliferación de trabajo precario en ciclos expansivos". Con otras palabras, el autor citado está diciendo que es el cegato e irracional egoísmo capitalista español, incapaz de controlar su gula de beneficios inmediatos sin reparar en sus consecuencias a medio y largo plazo, lo que le lleva a no mantener una adecuada tasa de inversión en capital fijo y constante, en tecnología y en cualificación de la fuerza de trabajo, en mantener buenas relaciones laborales y sindicales, empleos estables y bien remunerados, etc.; de este modo, esa burguesía se come el pan de hoy pero también el de mañana y pasado mañana. Y el autor añadía: "Este desajuste entre inversión y empleo se viene dejando sentir en el actual período de crecimiento. En 1997 ya se observó la tendencia a la baja en la productividad con un incremento de sólo el 0,8%, siguió aminorándose al año siguiente con el 0,6% y ha pasado a ser negativa en 1999 (-0,8% ). Es lo que pone de manifiesto el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria sobre la situación socioeconómica y la laboral de España en 1999, que cuestiona por "insuficiente, el ritmo de inversión en capital físico, humano, tecnológico y público de la economía española".
Ahora bien, la gravedad histórica del problema de la inexistencia de una burguesía dispuesta a invertir más, a ahorrar hoy para asegurar el mañana, a arriesgar en inversiones costosas y de largo alcance en altas tecnologías e incluso a llegar a acuerdos interclasistas con el sindicalismo reformista para ilusionar al movimiento obrero e integrarlo mejor, en vez de aplastarlo y humillarlo, esta incapacidad se extiende a la mediana y pequeña burguesía, y de aquí a las burocracias administrativas regionalistas --las comunidades regionales -- precipitada y artificialmente creadas a finales de los setenta para contrarrestar la fuerza reivindicativa vasca y catalana, y en menor medida gallega, de manera que, con los años, se formó una inoperante y corrupta casta burocrática regionalista cargada de deudas, fracasos e incumplimientos de plazos y ritmos en las tareas programadas. El problema era tan grave que ya el 12 de marzo del 2000, las autoridades europeas por boca del Ecofin advertían al Gobierno del PP de la urgencia de contener el excesivo gasto autonómico. Muy significativamente, el 23 de mayo la CEOE exigía centralizar y controlar desde Madrid la "unidad del mercado español" reduciendo la "pluralidad de normas autonómicas", y el ministro Rajoy calificaba de "letal para el Estado" el gasto autonómico. Por fin, y tras una intensa campaña propagandística, el 29 de diciembre de ese año, el Gobierno elaboraba un proyecto de ley para controlar desde Madrid los gastos autonómicos.
De este modo, se confirmaba una vez más la dialéctica entre la desidia burguesa, el retraso económico y tecnológico, la corrupción estructural, la crisis del Estado autonómico y el latente o descarado desprestigio de la política institucional. Como veremos, estos factores recurrentes en la historia española vuelven a estar muy activo en la actualidad. Ahora bien, el PP, aprovechando que el Manzanares para por Madrid y con la excusa de las advertencias de Bruselas sobre el despilfarro autonómico, comprensible además de otras causas también desde la corrupción, el amiguismo y la picaresca habitual de la sociedad española, aprovechando todo esto y llevando al agua a su molino españolista endureció su centralismo pero mirando no tanto al saneamiento de las cuentas sino a la limitación y retroceso de los estatutos de autonomía catalán, vascongado y navarro, utilizando la creciente demagogia imperialista interna para ocultar el deterioro de las condiciones de vida. En efecto, en abril de ese año se había estancado la venta de libros; el 3 de junio se conoció que el Estado había descendido al octavo puesto en la escala de desigualdad social en la UE según el Informe del Desarrollo Humano 2000, y, por no extendernos en la repetición de los datos sobre la precariedad laboral en ascenso "hacia el pleno subempleo" como había denunciado en Cinco Días J. M: Zufiaur el 1 de marzo del 2000, el 8 de enero del 2001 el INE reconocía que la mitad de las familias carecían de medios para tener una calefacción adecuada.
Pero, además de lo visto, la evolución económica seguía empeorando, limitando así la capacidad de maniobra del Gobierno. El 23 de enero se supo que el diferencial de inflación entre España y los 11 Estados-euro se había duplicado en sólo un año, y que en el 2000 el incremento de los precios había sido del 4% en el Estado español frente al 1,4% en los restantes. Sin embargo, las noticias irían agravándose hasta llegar al fatídico mes de julio del 2001, cuando se conocieron dos demoledores informes sobre el retroceso del Estado español en el ranking mundial. Según el más influyente club de empresarios del mundo, el Foro Económico Mundial, España había retrocedido del décimo al decimosexto puesto; y según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, sólo había alcanzado la categoría de "países líderes potenciales" junto a México, Chipre, Portugal, Rumania, Grecia, Argentina, Eslovaquia y otros. Una característica de estos y otros informes es que, con sus diferencias obvias, integran múltiples variables entre las que destacan la inversión en I+D, educación básica y universitaria, sanidad, infraestructuras, edad poblacional, alimentación, etc. Por ejemplo, en un problema tan importante para la economía capitalista como es la reproducción física de la fuerza de trabajo, el Estado español, con la tasa más baja del mundo --1,1 hijo por familia-- es el que menos dinero dedica en la UE a incentivar la natalidad. Otra característica es el estudio de la seriedad y eficacia en y de las administraciones públicas, el cumplimiento de los plazos y ritmos en programas e inversiones, etc. Pues bien, recientemente se ha sabido que a fecha del 31 de agosto de este año el Gobierno sólo había realizado el 28% del total de inversiones programadas para el 2001. Desbarajustes de esta cuantía no pasan desapercibidos a las instituciones internacionales.
Tampoco pasan desapercibidos otros informes como el publicado en junio del 2001 por la OCDE y que demostraba que entre 1995 y 1998 la inversión en educación había bajado en el Estado español del 5,53% al 5,30%, cuando la media en la OCDE era del 5,75%. Ciertamente el verano y otoño de este año han sido terribles en malas noticias. En agosto los "síntomas de congelación" eran incuestionables, y para septiembre el cómputo interanual de nuevas sociedades mercantiles descendió un 13,97% con respecto a septiembre de 2000, según datos del INE. En total se constituyeron 7.133 empresas, frente a las 8.291 de 1999. Son varias, como hemos visto, las causas del retroceso, pero ahora destacamos la de la muy reducida inversión en I+D que en 1999 sólo había sido del 0,89%, la tercera por la cola en la UE, mientras que en Grecia fue del 0,51% y en Portugal del 0,76%, con la salvedad de que el país luso aplicó una política planificada en I+D globalmente más racional y superior a la española, que puede terminar relegándole al penúltimo puesto, como lo reconoce el informe de noviembre del 2001 del Eurostat. No sería sorprendente que ocurriera porque el PP tiene algo más que desidia hacia el I+D, tiene también falsa palabra pues, como ha criticado el científico Grisolía el 13 de noviembre, el PP ha incumplido la promesa que le dio de aumentar un 2% la inversión en investigación científica, dejándola, según este investigador de fama mundial, en un 0,9%.
Pero los españoles no deben preocuparse porque su alma no corre peligro a pesar de los cuatro bloques de datos que vamos a reseñar, de entre los muchos disponibles. El primero hace referencia a las cifras catastróficas del paro conocidas en octubre y que confirman un aumento, como mínimo, del 3,46% con respecto a septiembre, y un aumento interanual del 0,64%, como mínimo. El segundo hace referencia a que, de nuevo, el FMI y la inmensa mayoría de economistas volvían a advertir a finales de octubre que el capitalismo español seguirá retrocediendo y hundiendo a la baja las promesas del Gobierno, tendencia real que el propio Rato ha tenido que aceptar aunque quitándole gravedad. El tercero, muestra cómo el Instituto General de la Administración del Estado, dependiente de Hacienda, ha reconocido que mientras que la presión fiscal ha subido del 33,7% en 1996 al 35,7% en el 2000, pese a esa mayor entrada de dinero en las arcas públicas, sin embargo el gasto público ha descendido del 43,7% al 39,8% en las mismas fechas, es decir, que mientras que el Estado se ha enriquecido básicamente a costa de los impuestos de las masas trabajadoras, han descendido por el contrario los gastos sociales y las inversiones públicas, en detrimento precisamente de esas masas y en beneficio de la burguesía; y, el cuarto, muestra las cifras aportadas por Eurostat con los datos de las cuentas de 1998, las más recientes, según las cuales España es el tercer país por la cola que menos porcentaje del PIB destina a gasto social para desempleo, ayudas a discapacitados, asistencia social en general, etc., con el 15%. Le sigue Portugal con un 13% e Irlanda con un 9,1%, cuando el promedio de la UE alcanza el 18,2%. Pese a lo anterior, los españoles no deben preocupare, como decimos, porque a comienzos de noviembre el PP ha aumentado un 22% el gasto en educación católica. Pobres e ignorantes, pero cristianos.
Todos sabemos que una de las causas de la alienación religiosa radica en el miedo a lo incontrolable, a lo que al ser exterior a uno, es siempre una fuerza omnipotente y voluble, sobre la que no se puede ejercer ningún control. Es por esto que la religión tiende a crecer en franjas sociales en momentos de crisis, desorden y descontrol. Seguramente por eso, el PP ha aumentado el gasto en droga religiosa. Las cifras del IPC de noviembre confirman lo positivo que es para el Gobierno esa alienación porque aunque es cierto que la inflación ha bajado al 3%, no es menos cierto que han sido factores exteriores, exógenos, los que lo han logrado, que no la política económica interna del PP. Han sido la fuerte desaceleración económica mundial, inicio de la actual recesión, y el bajón de los crudos, antes que factores secundarios endógenos, los que lo han logrado. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo e incluso más grave porque la inflación subyacente, la que mide el componente estructural y decisivo del IPC durante un año, se ha disparado al 3,7%, nivel desconocido desde mayo de 1996. Una vez más vuelve a aparecer la objetiva debilidad substantiva del capitalismo español, un capitalismo dependiente de fuerzas externas, siempre incontrolables en los momentos cruciales, como el actual. Situación alarmante que, tras un análisis desapasionado y frío de los resultados, llevaba a la Editorial del importante periódico económico Cinco Días del 15 de noviembre a reconocer que: "Esto lleva a dos preocupantes conclusiones. Por un lado, los precios sólo bajan si la economía española modera su crecimiento o, lo que es lo mismo, más crecimiento parece posible sólo si crea inflación. Por otro, para que el IPC baje, también son imprescindibles factores externos".
No nos debe sorprender, por tanto, que el debate formalista y hueco sobre el "patriotismo constitucional" aumente conforme transcurren los días y reaparece con toda su crudeza la debilidad estructural del capitalismo español y, por tanto, de su Estado. Los cambios acaecidos durante este último cuarto de siglo no afectan sólo a la vetustez de la antidemocrática constitución vigente, sino sobre todo a la estructura misma del Estado y en especial al cemento ideológico, nacionalista español e interclasista burgués además de patriarcal, que mal que bien ha legitimado el orden impuesto a finales de los setenta. El PSOE fue consciente mucho antes que el PP de que era la totalidad de las estructuras del Estado las que sufrían las acometidas de los cambios internos y externos, y, como hemos visto, para comienzos de 1992 había una propuesta seria de debate reformista para cambiar algunas cosas sin que nada importante cambiase. El PP ha tardado mucho más en darse cuenta y, a remolque, quiere cerrar e impedir cualquier posibilidad de una reforma algo seria. Como partido representante de una clase parasitaria y anacrónica, tiene el mismo miedo al futuro que la minoría a la que representa, y los mismos complejos y frustraciones, necesidades inconscientes de autoridad fuerte y liderato caudillil que las masas alienadas que le dan el voto. La impotencia del PSOE y el miedo del PP determinan que el debate sobre el "patriotismo constitucional" aparezca realmente como lo que es, un recurso a la demagogia y a la retórica destinado a cimentar en lo posible otra nueva unidad nacional española en un período en el que se han reabierto las llagas estatales.
3.- INCAPACIDAD DE REACCIÓN Y ENDURECIMIENTO INTERNO:
Sin embargo y muy esclarecedoramente, es en estos momentos cruciales cuando reaparece otra falla estructural de la alta burguesía española cual es su muy reducida capacidad de adaptación rápida a los cambios objetivos y objetivos. Los problemas y crisis parciales que se han sucedido desde finales del 2000, con las vacas locas, errores sanitarios y hospitalarios, fracasos estruendosos en la negociación de la pesca con Marruecos, irrupción incontenible de las corrupciones dentro del PP, etc., han demostrado la total ausencia de reflejos y de iniciativa del Gobierno. Pero las blandas e inconsistentes críticas del PSOE e IU al PP, también han confirmado las limitaciones de la oposición de su majestad. Bastante más significativa es, sin embargo, la crítica de la CEOE de finales de octubre, en boca de J. M. Cuevas, su presidente, a los riesgos del inmovilismo económico del Gobierno del PP y su obsesión por lograr el famosos "déficit cero" cuando todo demuestra la urgencia de cambiar de política. Frente a todo ello, el Gobierno ha respondido, de un lado, con la soberbia y altanería típica de los viejos hidalgos y nobles arruinados que ocultaban sus fracasos tras una verborrea amenazante, y, de otro lado, con la deliberada táctica de manipular, embrollar y suprimir los sistemas contables y estadísticos básicos de manera que cada vez sea más difícil saber la situación real de la economía y del Estado, algo que el PSOE ni imaginó hacer aunque él fue el primero en cambiar, embrollar y manipular las definiciones de empleo para suavizar las cifras reales del paro. Sin embargo, el PP ha ido mucho más lejos, y se empecina en manipular aún más la estadística pública al cambiar la Encuesta de la Población Activa. Es la política del avestruz.
Las primeras críticas serias contra ese comportamiento suicida a medio y largo plazo, aunque muy rentable a corto, ya las hizo a comienzos de abril del 2000 J. Mota demostrando que se había debilitado tanto el rigor estadístico en tres áreas como ocupación y empleo, sector exterior y déficit del sector público, que se debía hablar de la existencia de "estadísticas sin valor de diagnóstico". No hace falta que nos extendamos en demostrar que semejante corte oficial del sistema estadístico y de diagnóstico tiene como objetivo inmediato impedir cualquier diagnóstico crítico que afecte a pilares decisivos del orden estatal, y también poner a disposición del PP una enorme capacidad de mentira y manipulación propagandística a corto plazo. Con los meses posteriores, esta táctica ha aumentado hasta llegar a posponer, abortar o hacer inservibles sesiones parlamentarias, ralentizar y retrasar mucho tiempo la divulgación obligada de informaciones y estudios, etc. Pero el escándalo ha estallado con los Presupuestos para el 2002 que han sacado definitivamente a la superficie todas las marrullerías e ilegalidades realizadas para ocultar la verdadera situación del Estado. No es sorprendente, pues, que un conocido economista se preguntase el 28 de octubre: "frente al dogma del déficit cero, la pregunta de cuál es en realidad el nivel de déficit público en nuestro país, dado que cada vez hay más partidas que se sacan del presupuesto, que no tienen control, y cuyo monto es casi imposible de cuantificar".
El objetivo de semejante comportamiento es acelerar la aplicación de la estrategia de la alta burguesía española. No nos debe sorprender, por tanto, que una organización empresarial tan poco dudosa de separatismo como el catalán Círculo de Economía, formado por 1000 empresarios y altos ejecutivos, protestase públicamente a finales de octubre contra la concentración de poder en Madrid, y propusiese una descentralización entre varios focos de poder dentro del Estado. Conviene recordar, para hacernos una idea de la evolución de los acontecimientos, que el actual ministro Piqué, encargado junto con María San Gil por Aznar para elaborar la ponencia oficial del PP del "patriotismo constitucional", fue presidente del Círculo de Economía en 1995 y 1996, y que fue este mismo Círculo el que el 6 de abril del 2000 lanzó duras críticas contra el muy tímido bilingüismo regionalista catalán, sosteniendo que el uso de esa lengua perjudicaba la llegada de trabajadores inmigrantes y proponiendo una "flexibilización". Cambios y críticas similares se han producido en Andalucía, donde M. Chavez ha denunciado también a finales de octubre la política de arrinconamiento y marginación de su comunidad impuesta por Madrid. Y un estudio del PSOE hecho público el 23 de octubre demuestra que Hacienda ha reducido en un 40% la previamente pactada y aceptada financiación de las autonomías por lo que la Generalitat catalana podría perder más de 20.000 millones sobre los 60.000 millones anunciados, y también Castilla y León, Murcia, Galicia, Rioja, Aragón y Extremadura. Otro estudio más reciente del PSOE ha desvelado que, por otro lado, se van a dejar de pagar 85.000 millones-pts. de los algo más de los 350.000 pactados con el Gobierno del PP hace cuatro meses. Aragón, por ejemplo, bajará de 12.000 a 7.000, Baleares de 18.000 a 14.000, etc.
Las quejas y protestas que empiezan a acumularse sobre el despacho de Aznar no serían muy inquietantes para la alta burguesía si no estuvieran asentadas en otra quiebra de la "nación española" cual es la "cuestión militar". En contra de la propaganda oficial el absentismo y las deserciones han sido una constante en la historia militar española, llegando en momentos críticos a cifras de escándalo. Realmente, lo que está debajo de esa constante es la extrema debilidad del referente nacionalitario español en su esencia decisiva y crucial, la de matar y morir por España. Deberíamos analizar aquí con bastante más detalle los tres, como mínimo, problemas sociohistóricos que aparecen cuando estudiamos las relaciones entre la formación del Estado-nación burgués y la formación frecuentemente anterior de un aparato militar que, de múltiples formas, adelanta y crea parte de la ideología nacionalista burguesa, pero nos limitamos a citarlos: resistencia de las masas trabajadoras al servicio militar burgués, escisión de la "unidad nacional" del ejército en los contextos de lucha de clases, y "traiciones nacionales" de la burguesía estatal cuando esa lucha de clases se interrelaciona con luchas interestatales. En las situaciones en las que el Estado burgués oprime a otras naciones en su interior, estas tres cuestiones se complejizan y amplían mucho más de modo que, periódicamente, dicho Estado puede sufrir verdaderas crisis estructurales en uno de sus aparatos decisivos como es el Ejército.
El hundimiento del servicio militar obligatorio en la segunda mitad de los años noventa sólo se explica recurriendo a la evolución del proceso contradictorio descrito, y a la reaparición de esa quiebra estructural; pero el problema es más grave de lo esperado porque la profesionalización del Ejército está sufriendo grandes retrasos por el alto absentismo de las tropas profesionales, como se reconocía oficialmente en octubre del 2000, cuando los médicos debían controlar a los soldados pues en algunas unidades de Cádiz se llegó al 30% y en Córdoba al 15%. A comienzos de noviembre del 2001 se ha sabido que en este año ha habido más bajas que altas. Si el ministro de defensa, Trillo, ha reconocido en marzo de este año que está a favor de reclutar extranjeros es porque la situación es alarmante. De facto se trata de volver al sistema de contratación de mercenarios, sistema anterior a los ejércitos nacionales burgueses --ejércitos tardofeudales y absolutistas-- aunque siempre estos han mantenidos pequeñas unidades de mercenarios especializados y brutalmente sanguinarios. Por otra parte, el "defensor del pueblo" (?), Mujika Herzog, afirmaba el 27 de octubre del 2001 que la Guardia Civil sufre un serio desgaste psicológico y moral, exigiendo mejores sueldos y más presupuesto. Sin embargo, todo indica que el Gobierno se orienta a impulsar la privatización de muchos servicios de vigilancia al haber congelado y hasta reducido las partidas presupuestarias para la represión realizada por los cuerpos estatales.
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